BOGOTA -Un juez colombiano ordenó las capturas de dos efectivos de la policía y de uno de la Fiscalía porque habrían interceptado ilegalmente el teléfono de un importante magistrado de la Corte Suprema, aseguraron el viernes fuentes oficiales.
A petición de una fiscal delegada ante la Corte Suprema, el juez 12 de control de garantías de Bogotá ordenó la detención de Aldo Francisco Pérez, del Cuerpo Técnico de Investigación de la Fiscalía, y de los policías Ferney Enrique Galvis y Oswaldo Villamil.
"Lo importante no es que capturen a los peones sino que lleguen hasta los mayordomos", manifestó en diálogo telefónico el magistrado auxiliar Iván Velásquez Gómez, la víctima del espionaje, y quien es el investigador estrella de la indagación que la Corte Suprema adelanta desde hace tres años para establecer los nexos entre la clase política y los grupos paramilitares.
Los tres detenidos serán procesados por los delitos de fraude procesal, violación ilícita de comunicaciones y concierto para delinquir, o la asociación de varias personas para cometer un número indeterminado de crímenes, explicó a la AP una fiscal delegada ante la Corte Suprema que exigió el anonimato por razones de seguridad.
"Ya (los tres) fueron detenidos", añadió telefónicamente la misma funcionaria.
En febrero pasado, la revista Semana publicó un artículo que daba cuenta de que desde la policía secreta se interceptaban ilícitamente los teléfonos de magistrados, periodistas, miembros de organizaciones no gubernamentales y, en general, opositores del gobierno del presidente Alvaro Uribe.
La Presidencia de la República y el propio Uribe han negado en todo momento que desde el Ejecutivo se haya ordenado espiar o hacer seguimientos ilícitos a críticos del gobierno.
La denuncia periodística originó una purga en el interior del Departamento Administrativo de Seguridad (DAS) -- la policía secreta, entidad que depende directamente de la Presidencia de la República-- y tanto la Procuraduría como la Fiscalía iniciaron las respectivas investigaciones para hallar a los responsables del supuesto espionaje.
El 30 de julio, por estos hechos, la Fiscalía ordenó las capturas de 10 detectives y ex detectives del DAS.
Pero el 21 de septiembre el fiscal general encargado Guillermo Mendoza reconoció que no sólo desde el DAS se interceptaban ilícitamente teléfonos, e hizo público que desde la propia Fiscalía se había espiado sin orden judicial el teléfono celular del magistrado Velásquez.
